Prepotencia y abuso de poder de funcionario bacalarense

28122010141784015BACALAR.- Como muestra se prepotencia y abuso de poder, el subdirector de la CAPA en Bacalar, Jorge Calderón Gómez, pretende adueñarse de un predio ubicado a la orilla de la laguna, valiéndose de su cargo y de documentos apócrifos para lograr su cometido.

Jorge Calderón Gómez tiene un parentesco el edil bacalarense, lo cual aprovecha para intentar despojar a una familia del predio marcado con lote 4 manzana 242, que se encuentra frente a la Laguna de Bacalar, sobre la carretera federal Bacalar–Felipe Carrillo Puerto.

Calderón Gómez vendió legalmente hace más de 15 años el terreno que ahora está peleando, pues argumenta que dentro de esta propiedad existe una pequeña franja de 20 metros que, supuestamente, pertenece a su esposa, María Elena Franco Gamboa.

El subdirector de la CAPA en Bacalar,  mostró la copia de un documento  que presuntamente le fue entregado a su esposa en el año 2011, el cual aparentemente contiene la firma del comisariado ejidal de ese entonces, Víctor Coyoc Cimá, así como del que fue su presidente del Consejo de Vigilancia, José Luis Cano Buenfil.

Pero resulta que este documento es apócrifo y no tiene validez legal, por lo que de ser reales las firmas del excomisario Víctor Coyoc Cimá y de José Luis Cano Buenfil, podrían estar coludidos con el posible delito de despojo, falsificación de documentos y los que pudiesen resultar, de acuerdo con lo que determinen las autoridades competentes.

Jorge Calderón no presentó títulos de propiedad ni otro documento que pueda demostrar la legítima propiedad del terreno, además de que tampoco ha interpuesto una denuncia legal a pesar de que asegura tener todas las pruebas que demuestran que su esposa es la propietaria de este espacio.

La familia afectada se dijo con temor de que Jorge Calderón pueda atentar contra su persona y hacerles daño, pues señalaron haber recibido amenazas por parte de este abusivo funcionario, quien está siendo solapado por el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz.

Los agraviados tampoco se explican cómo es que tuvieron que transcurrir 6 largos años para que a Jorge Calderón se le ocurra pelear esta propiedad, la cual supuestamente fue entregada a su esposa en septiembre de 2011, pero en todo ese tiempo nunca dio la cara ni reclamó el predio.

De permitir este posible acto ilícito, el alcalde Alexander Zetina Aguiluz estaría contradiciendo lo que tanto ha criticado el gobierno de Carlos Joaquín González, que es el despojo ilegal de terrenos para beneficio de corruptos funcionarios.

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